La Ley de Contratos del Sector Público es algo que no se mantiene estable. Su estado es muy complejo y depende de muchos factores.El objetivo principal de la nueva ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (en vigor desde el pasado día 9 de marzo de 2018), es la imposición de transposición de las directivas europeas 2014/23/UE y 2014/24/UE. Encontrándose como principios elementales de esta nueva ley de contratos del sector público: la integridad, transparencia, igualdad y competencia.

Sin embargo la ley que ahora conocemos tiene 347 artículos, 53 disposiciones adicionales, 5 transitorias, 1 derogatoria, 16 finales y 6 anexos. Cada uno de los preceptos tiene una extensión, la norma constituye una ley y un reglamento de esta.

Objetivos y novedades primordiales de la Ley de Contratos del Sector Público:

Contra la corrupción

Para prevenir la corrupción se modifican los contratos menores, tanto de manera cuantitativa como procesal. El umbral disminuye de 50.000€ a 40.000€ para los contratos derivados de obras. Y de 18.000€ a 15.000€ para contratos de servicios y suministro.

Lo relevante es que ya no está permitido el fraccionamiento irregular del objeto del contrato.

También modifica la configuración de las mesas de contratación, que pasarían a ser órganos técnicos independientes. Así se elimina el riesgo de que las mesas de contratación se compongan por cargos políticos. Exceptuando las entidades locales, donde se permite pero se limita.

Además hay una aplicación del ámbito subjetivo que se extiende para prevenir el fraude en los partidos políticos, organizaciones sindicales o empresariales y fundaciones y asociaciones que están vinculadas a cualquiera de estos.

Esto tiene una desventaja, y es que esta Ley tiene un alcance muy restringido. Solo se le exige actuar con los principios de publicidad, transparencia, igualdad y concurrencia. Y también a la no discriminación en los contratos sujetos a regulación armonizada.

Se simplifican los procedimientos de contratación pública

Este es uno de los objetivos primordiales de la Ley, ya que se reduce la burocracia y las cargas administrativas.

Los motivos de la nueva Ley de Contratos del Sector Público subraya la exigencia en materia de contratación pública. Este objetivo se fomenta mediante la ampliación del uso de la declaración responsable, del procedimiento abierto simplificado. Con esto se alcanza una mayor rapidez. E incluso se puede ver una reducción de plazos para la presentación de proposiciones en el procedimiento abierto. También se ver reducido para solicitudes de participación y de proposiciones en el procedimiento restringido.

Mejoras para las PYMES y aumento de la seguridad de subcontratistas

Como primera norma, destacamos que se comienzan a suavizar los requisitos de clasificación empresarial. Solo se pueden exigir en contratos de obras de cuantía superior a 500.000€. Esto le permitirá a las empresas recurrir a la capacidad económica, financiera y técnica de otras empresas.

La solvencia económica y financiera que se exige no debe alcanzar más del 1,5  de veces el valor estimado del contrato. Lo más relevante es que las empresas “nuevas” (que llevan en funcionamiento menos de cinco años) tienen más fácil demostrar su capacidad, ya no se le exige experiencia. Se exige una declaración de manera responsable y en formato de Documento Europeo Único de contratación (DEUC). No se exigen más documentos, a excepción de que existan dudas de que sea real.

Otras medidas que favorecen a las pymes son las que tienen que ver con la división del contrato en lotes. Se elimina el límite del 60 % a la subcontratación. Tienen posibilidad de pago directo del órgano de contratación a los subcontratistas. Inclusión de la posibilidad de establecer como requisito de solvencia económica y financiera información sobre el cumplimiento de los plazos de pago a proveedores y subcontratistas.

Además se establecen nuevos procedimientos abiertos simplificados y supersimplificados, donde la tramitación burocrática y plazos se reducen considerablemente. El simplificado para contratos de obras de hasta 1 millón de euros y servicios y suministros hasta 100.000€. Aquí los criterios que están sometidos a juicios de valor no pueden alcanzar el 25%. Y el procedimiento “express” para contratos de obras de hasta 80.000€ y contratos de servicios y suministros hasta 35.000€.

Los criterios tienen que ser automáticos y no puede reclamarse solvencia económica o técnica. Ya no se necesita la formalización del contrato, solo se solventa con la aceptación del licitador de la comunicación de la adjudicación.

Implantación transversal de criterios sociales y medioambientales en la contratación pública

Hay novedades muy importantes, como la supresión del concepto oferta económica con mas ventajas. Así el precio no será algo que determine para elegir al adjudicatario. Se antepone la oferta con la mejor relación calidad-precio, teniendo en cuenta los criterios sociales, medioambientales y de innovación o desarrollo en la valoración de las ofertas.

Por otra parte, los criterios sociales tienen mucha importancia en los contratos con la administración pública.

Se comienza a prohibir que una empresa con una plantilla de 50 trabajadores o más no cumpla con el porcentaje del 2% de trabajadores con discapacidad. O que una empresa con 250 trabajadores o más no tenga establecido un plan de igualdad.

 

Por lo que destacamos de la Ley de Contratos de Sector Público: más porcentaje de contratación de discapacitados, personas en riesgo de exclusión social y mujeres. Disminuyen el porcentaje de contratos temporales. El sorteo sería en caso de empate. Y en cuanto a lo medioambiental, tiene gran relevancia la contratación pública con disminución de emisiones de gases y fomentar las energías renovables. Se apuesta por la innovación e implantación de medios telemáticos/electrónicos.

 

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